En prácticamente todas las huelgas, los servicios mínimos que fija la Administración son abusivos.
No podemos impedirlo de entrada: lo que hacemos es protestar y denunciarlo ante los tribunales. Habitualmente, la justicia acaba dándonos la razón, pero cuando llega la sentencia la huelga ya ha pasado. En la siguiente huelga, el proceso tiende a repetirse.